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Se detectan presuntos contratos irregulares en la Supercom de Ochoa

La Contraloría encontró presuntas irregularidades en contratos suscritos por la Superintendencia de Comunicación (Supercom) para, básicamente, monitoreo de medios de comunicación a través de sus diferentes dependencias. Ayer se cumplió la lectura del informe borrador del examen especial que auditó el periodo comprendido entre el primero de febrero de 2015 y el 31 de julio de 2018, y entre el primero de enero de 2018 y el 31 de junio ese año. 

Los contratos examinados y que presentan irregularidades corresponden al periodo en que la Supercom era dirigida por Carlos Ochoa, sobre quien hoy pesa una orden de prisión preventiva dentro de un proceso penal, por falsificación y uso irregular de documento.

El informe 
Una de las primeras observaciones que hace la Contraloría es a un contrato suscrito el 12 de mayo de 2015 con un consultor externo para el estudio de análisis de medios de comunicación por un monto de 409.400 dólares. Este entregó cinco informes por los que se cancelaron 399.048 dólares. Sin embargo, la contratación se realizó a pesar de que la Supercom contaba a esa fecha con 61 funcionarios que, en teoría, estaban encargados de realizar esa misma labor. 

En la respuesta que remitieron a la Contraloría los responsables del contrato, señalaron que no contaban con personal capacitado para esa actividad, ya que no conocían el alcance de la Ley de Comunicación, ni de la metodología que debía seguirse, entre otros argumentos.  

Otro contrato para monitoreo de medios de comunicación se suscribió por 68.280 dólares. El contrato se adjudicó a pesar de que la oferta calificada no contenía la documentación completa o los presentó fuera del tiempo legal. El consultor invitado para esa labor no cumplía con los requisitos de ley ni la experiencia requerida, pero recibió una calificación del 100%, según el informe. Al consultor se le terminó pagando 56.320 dólares, por “productos que no evidencian su uso” por parte de la Supercom.

El 31 de diciembre se firmóun convenio de pago por una consultoría de análisis de contenidos de medios de comunicación en sus diferentes formatos. La consultoría se contrató para que se cumpla en la Intendencia Zonal 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), pero por pedido del Superintendente se amplió a Esmeraldas, de la Intendencia Zonal 1, sin que se cumpla el debido procedimiento, como por ejemplo establecer los plazos del trabajo.

Otros detalles
El febrero de 2015 se contrató a una empresa para que realice el monitoreo de programas de opinión y ediciones especiales en 118 medios de comunicación, con el objetivo de que la Supercom elabore sus ‘políticas de comunicación’. El monto del contrato fue de 105 mil dólares. Una de las observaciones de este contrato es que no se realizaron los estudios que lo justifiquen. 

Otra observación: la empresa entregó 3.360 horas de grabación semanal, pero los 10 analistas de información del organismo solo alcanzaron a revisar 400 horas. Mientras que otros tres analistas revisaron 7 de 300 días de monitoreo que les fue entregado. El resto del material se quedó sin procesar, entre otras irregularidades.

Los mencionados en el informe tienen cinco días hábiles para presentar sus pruebas de descargo. Édison Toro, superintendente encargado, manifestó que el informe es el resultado de una petición de exámenes especiales que él realizó al momento de hacerse cargo de la gestión. “Se han leído irregularidades administrativas en varios proceso contractuales. (Preocupa) porque siempre es grave el mal uso de recursos públicos”, concluyó.

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